
La comunidad internacional se despereza poco a poco ante el grave problema que supone la guerra declarada al tabaco. Bajo un crisol de opiniones, fundamentadas con mayor o menor acierto, se encuentran dos superpotencias enfrentadas que alimentan el problema: la salud contra la libertad.
Sin duda son las consecuencias negativas para la salud las que guían principalmente el bando que promueve la prohibición. Se estima que más de 55.000 españoles fallecen cada año como consecuencia del tabaco y la edad de inicio en este hábito está en torno a los 13 años, una de las más bajas de la Unión Europea. No sólo es la principal causa de muerte por cáncer de pulmón (90% de los casos), sino que también está asociado al cáncer de vejiga (50% de los casos), a infartos en menores de 45 años (80% de los casos), o a la muerte prematura.
En una sociedad tan globalizada es importante hablar de las 8 millones de personas en el mundo que podrían morir cada año a causa del tabaco de aquí a 2030 según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2008.
Pero bajo estos datos surge una postura que se basa en dos pilares fundamentales: la legitimidad de tenencia y consumo de tabaco, y la libertad individual de cada uno para consumirlo. Esta idea, a pesar de no sostenerse en datos numéricos, atiende directamente a una de las bases sobre las que se estructura el mundo moderno: la libertad individual.
Bajo eslóganes como “con mi vida hago lo que quiero”, “no pueden prohibirme algo que es legal” o “prohibido prohibir” se encuentran asociaciones de fumadores que se escudan en su libertad para realizar una acto legal en cualquier lugar.
Sin embargo cada una de estas posturas puede y debe ser matizada para alcanzar al menos la superficie del verdadero problema. En el fondo ambas cuentan con apoyos no del todo “incondicionales”. Como en todo, los intereses personales suelen imponerse a los generales. Toda una serie de agentes intervienen en esta pugna movidos por objetivos diferentes, pero unidos por la consecución de uno mayor.
Uno de los más importantes es el de los grupos hosteleros y bares. En la metrópoli madrileña se habla, tras instaurar la Ley Antitabaco, de pérdidas que rondan el 25%. En España un 85% de los locales han sufrido pérdidas debido a la medida.
Otro lo constituyen las asociaciones de consumidores, que defienden el derecho de los no fumadores de no ver perjudicada su salud por la acción de terceros. Apelan a la tolerancia de los grupos de fumadores para que comprendan que con su acción, no sólo afectan a sus vidas, sino que también a los que los rodean. Demostrado lo negativo de ser uno de los denominados “fumadores pasivos”, es importante destacar la mortalidad que presentan. Según denunció la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo pasivo se cobra unas 600.000 victimas mortales al año por causa del humo de segunda mano.
Pero sin duda, vista el transcurso de los acontecimientos, uno de los más importantes lo constituyen las empresas tabacaleras. Grandes monstruos financieros que controlan de una u otra forma, las medidas que se toman. Pese a vender un producto evidentemente nocivo y perjudicial, logran mantener en su poder la vitola de “legal”, y las medidas de los gobiernos no pueden superar la mera limitación de su consumo. La realidad de los datos no es suficiente por el momento para atajar el verdadero problema del tabaco.